El rescate planificado de Thames Water por parte de sus acreedores está en peligro. El ministro de Medio Ambiente, Steve Reed, rechazó firmemente las demandas de excepciones regulatorias y cambios legislativos. Estos son una condición previa para la participación de los acreedores de bonos, que quieren invertir 5 mil millones de libras en la empresa de suministro de agua en dificultades, según documentos a los que ha tenido acceso el Financial Times.

Según los documentos, los acreedores exigen un curso político claro que incluya excepciones en obligaciones regulatorias y requisitos ambientales. Sin tales concesiones, la entrada no es económicamente viable, según un inversor involucrado: "Sin apoyo regulatorio, la empresa queda atrapada en una espiral descendente y es simplemente no invertible".

Reed contradijo claramente este argumento en la Cámara de los Comunes británica: "Thames Water debe cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias para con los clientes y el medio ambiente. No habrá un trato especial." Al mismo tiempo, enfatizó que el gobierno ha intensificado sus preparativos para una posible administración especial ("special administration regime"), un paso que en la práctica equivaldría a una nacionalización temporal.

Thames Water lucha con una deuda de casi 20 mil millones de libras. El plan de rescate del grupo de acreedores, que incluye a Elliott Management y Silver Point, propone invertir 3 mil millones de libras en nuevo capital, proporcionar 2 mil millones de libras más en nuevo capital de deuda y aceptar una amortización del 20 por ciento sobre las demandas existentes. A cambio, exigen concesiones significativas: por ejemplo, la eliminación de sanciones ya impuestas, incluida una multa de 104 millones de libras por tratamiento inadecuado de aguas residuales, así como cambios en la licencia operativa que permitirían aumentos de precios antes de 2030.

El foco regulatorio se centra ahora en el plan presentado. La autoridad británica del agua Ofwat declaró que está examinando detalladamente si el concepto es realista, viable y beneficioso para el medio ambiente y los consumidores. La presión pública también aumenta: acreedores rivales y organizaciones medioambientales exigen abiertamente una renacionalización de la empresa.

En una declaración, Thames Water explicó que cada medida de capital debe garantizar que las inversiones en la red sigan siendo posibles. Se depende de conversaciones con los reguladores para asegurar la capacidad de inversión.